Violaciones a la libertad de expresión como las que se han vivido en Venezuela y Ecuador, donde han criminalizado la opinión, podrían ser más frecuentes en los países latinoamericanos y quedar más ocultos, de ser aprobadas mañana las tres recomendaciones que discutirá la OEA y con las que supuestamente se busca fortalecer “el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (DD.HH.)”. Así lo señalan las organizaciones defensoras del oficio del periodista, que explican que detrás de las sugerencias se esconde una intención: debilitar y amordazar a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la CIDH, para restarle influencia en la región.
Ha sido esta relatoría la que a través de sus comunicados e informes ha hecho públicos casos como el de los directivos del semanario Sexto Poder de Venezuela, a los que enviaron a prisión domiciliaria por una portada en la que aparecen funcionarias del gobierno Chávez vestidas de cabareteras, o el de los directivos del diario El Universo de Ecuador, a los que condenaron a prisión y a pagar 40 millones de dólares por una columna de opinión contra el presidente de ese país, Rafael Correa.
Para organizaciones como Periodistas sin Fronteras, Comité de Protección de Periodistas, Artículo 19, la Flip y Transparencia por Colombia, denuncias como estas han convertido a la relatoría en una piedra en el zapato para aquellos estados que buscan silenciar a los medios a través de intimidaciones con procesos penales. Y con el fin de restarle protagonismo, fue que Ecuador promovió las recomendaciones para reformar algunos alcances de las relatorías del Sistema Interamericano, que si bien no afectarían sustancialmente a todas ellas, sí se convierte en un golpe mortal para la libertad de expresión.
La propuesta que mañana se discute se presentó a última hora el 13 de diciembre del año pasado, cuando se le acababa el mandato a un grupo especial de la OEA que analizaba el fortalecimiento del Sistema Interamericano. Ecuador hizo las recomendaciones y para evitar que se rompiera el consenso, los integrantes las incluyeron en el documento final. Aunque inicialmente apuntaban a la libertad de expresión, matizaron el ataque directo y las hicieron más generales, pero con el mismo fondo: “quitarle dientes” a este grupo especial. El documento será analizado mañana en la sesión del Consejo Permanente de la OEA. En el encuentro, los Estados miembros de la OEA podrían aprobar las recomendaciones y posiblemente convocar a una reunión de cancilleres para analizar el tema en detalle.
Actualmente existen ocho relatorías en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Pueblos Indígenas, Mujeres, Trabajadores Migratorios, Derechos de la Niñez, Derechos Humanos, Personas Privadas de la Libertad, Afrodescendientes y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión. Esta última es la única que cada año tiene un capítulo aparte para su informe.
Las recomendaciones
Las tres recomendaciones que se discuten son sencillas: unificar los informes de todas las relatorías en uno solo, igualar el financiamiento para todas y crear un código de conducta que regule la gestión de las relatorías, para asegurar la coordinación con los estados miembros. Sin embargo, al ir más allá de estas sugerencias se encuentra que la única afectada sería la Especial de Libertad de Expresión.
Las razones son simples. Unificar los informes, sería suprimir el informe especial anual que presenta hace 10 años en un capítulo especial la Relatoría de Libertad de Expresión, en la que se analiza de manera detallada, país por país, la situación del oficio de los periodistas en Latinoamérica. Es un informe que incluye los problemas de la publicidad oficial, la parte penal, la parte civil, y muchas organizaciones usan esos informes en sus países para hacer alegatos ante las cortes. Este es un informe que no se puede eliminar. En caso de ser aprobada la recomendación, todo el trabajo de años quedaría resumido a unas cuantas páginas y ocultando la situación real en la región.
La Relatoría en su informe anual cuenta datos duros sobre la situación del oficio en Latinoamérica. En Colombia denunció el tema de las chuzadas del DAS y las amenazas contra periodistas; en México y Honduras, los de impunidad, y en Ecuador y Venezuela, las decisiones de los órganos estatales que tienden a restringir la libertad de expresión. “A los estados les molesta que se conozcan sus problemas, porque el informe lo reciben todos los países y revela sus problemas a nivel internacional. Hay países que aceptan el informe y buscan soluciones. Otros lo rechazan y son los que buscan desprestigiar y eliminar la oficina”, dicen las organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
El segundo punto, relacionado con los recursos de cada relatoría, encuentra que se busca limitar la capacidad financiera de la de libertad de expresión al pretender reducirle recursos. Sin embargo, no se tiene en cuenta que la Relatoría Especial no depende directamente de recursos de la OEA ni del Sistema Interamericano, sino de donaciones de fundaciones dedicadas a la protección de la libertad de expresión.
Y, finalmente, el de crear un código de conducta apunta especialmente a crear normas para ejercer mayor control estatal a la tarea de la relatoría y, de paso, controlar las denuncias y el tono de ellas, frente a las violaciones que se registran en los estados americanos. “No se necesitan códigos de conducta para las relatorías, pues ya existe una comisión interamericana que regula de manera apropiada su función”, agregan las organizaciones.
En un comunicado, Reporteros sin Fronteras y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias expresaron su rechazo a las reformas. Afirman que es un riesgo para la libertad de expresión y que “la Relatoría no es un juguete político”. Para estas organizaciones, “lejos de ser un ajuste, la reforma del funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobaría la deplorable ofensiva política de algunos estados contra una de sus instancias, gran soporte de la defensa de las libertades públicas en el continente: la Relatoría para la Libertad de Expresión”.
“Es una pelea para poder eliminar cualquier control sobre el ejercicio del poder frente a la libertad de expresión. A nivel interno, los gobiernos buscan manejar el poder judicial y luego, a través de éste, eliminar todas las garantías de la libertad de expresión metiendo a la cárcel a los que están en contra. Hay una oficina que no han podido controlar y es la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Con las reformas pretenden restarle visibilidad, financiamiento e independencia, que son pilares vitales para una institución. Si la aprueban, la relatoría quedaría con un solo funcionario, sin dinero y aconductada. La matarían y los periodistas estarían en riesgo”, indicaron personas cercanas a la Relatoría.
“La continuidad de la relatoría depende de dos cosas: una, que los países con valores democráticos le pongan freno a esta intención de reducirla, al entender que este es un Sistema Interamericano que costó 50 años construir y que es una garantía que no les pertenece a los gobiernos, sino a los ciudadanos. La otra es que la Comisión resista el embate de los países que no están comprometidos con esos valores universales como la libertad de expresión”, agregaron.
“Si estas tres propuestas o una de ellas (sobre todo de las dos últimas) son adoptadas el 25 de enero de 2012, la relatoría más joven de la OEA será la primera en morir. Sacrificada, al cabo de quince años, a los caprichos de gobiernos incapaces de distinguir la crítica del complot, una postura ideológica de una regla de derecho. A falta de la Relatoría Especial, ¿quién se preocupará en nombre de la OEA por la protección de los periodistas? La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA tiene más que nunca razón de ser”, puntualizó Reporteros sin Fronteras.
Sin embargo, otra cosa piensan en Ecuador quienes impulsan la iniciativa.
Labor de la Relatoría de Libertad de Expresión
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión fue creada en 1997 para generar conciencia sobre la importancia del respeto de la libertad de información en la región. De las ocho que existen, es la única que no recibe financiamiento de la CIDH ni de la OEA, ya que recauda sus propios fondos. Por mandato, es la única que publica un informe anual independiente, que se incluye en el informe de la CIDH y se presenta a la Asamblea de la OEA.
Actualmente centra sus actividades en cinco temas: violencia contra periodistas e impunidad; criminalización de la libertad de expresión; censura indirecta, que incluye distribución arbitraria de publicidad oficial; acceso a la información y el pluralismo en el debate democrático.
Ha impulsado la despenalización en Latinoamérica de la injuria y la calumnia; ha visibilizado los riesgos de los periodistas frente al crimen organizado; ha luchado para que los estados creen los mecanismos especiales de protección y ha impulsado procesos contra la impunidad.
Pero la tarea más importante, y que más molestia ha generado en algunos estados, es la de revelar mecanismos indirectos de censura, que han implementado los gobiernos para acallar la prensa.
La relatoría impulsa casos ante la Comisión y la Corte Interamericana, capacita a funcionarios públicos y periodistas, y asesora a los gobiernos de la región en la elaboración de leyes que puedan afectar la libertad de expresión.
- Unificar los informes de todas las relatorías, igualar el financiamiento para todas y crear un código de conducta son las recomendaciones para la CIDH.
- La continuidad de la relatoría depende de que los países democráticos pongan freno a las recomendaciones que buscan amordazarla.
